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El derecho de seguridad social es una rama específica, muy relacionada con el derecho laboral. Busca proteger a los ciudadanos con un sistema de salud público y la prestación de ayudas sociales en caso de que las personas sufran situaciones de vulnerabilidad económica cuando no pueden trabajar.
Necesitas un abogado especialista en seguridad social si, por ejemplo, has tenido un accidente que, por las secuelas, te impide continuar en tu trabajo. Está previsto que, en estos casos, se declare la incapacidad parcial, total o absoluta. Son compensaciones económicas que permiten que las personas puedan tener un sustento económico durante toda su vida.
También por eso existe una enorme rigidez a la hora de conceder estas prestaciones. Por eso preparar estos procedimientos es difícil. Hay que conseguir toda la documentación médica necesaria para demostrar que las lesiones que se sufren no permiten volver a trabajar.
Se facilitan también prestaciones, tanto en tiempo de descanso como en retribución, en las bajas médicas o bajas por paternidad/maternidad. Se protege a las personas que, convalecientes u ocupadas con la atención a su familia, no pueden continuar trabajando temporalmente. La seguridad social depende del pago de impuestos. Cualquier tipo de deuda que tengamos implica responsabilidades, tanto administrativas como penales, en función de la gravedad del caso.
La afiliación a la seguridad social es obligatoria, aunque existen regimenes alternativos en algunos colectivos profesionales que desarrollaron su propio sistema antes de la creación de este ente. Por ejemplo, en el caso de los abogados, existe la mutualidad de la abogacía. Los abogados adheridos a la mutua no están obligados a adherirse al régimen general, aunque sí pueden combinarlos voluntariamente.
La Tesorería de la Seguridad Social es la que abona las pensiones a las personas jubiladas, salvo que hayan tenido a lo largo de su vida un régimen alternativo. El pago de las pensiones depende de las decisiones del Gobierno ya que, a través de distintas regulaciones, puede introducir recortes o inyecciones en la capacidad económica de los pensionistas.
