¿Puedo denunciar a las residencias de ancianos por coronavirus?

denunciar a las residencias de ancianos por coronavirus

Denunciar a las residencias de ancianos en las que ha habido muchos contagios y, lamentablemente, víctimas de coronavirus, es una duda que surge tras el dolor de muchas familias. Fiscalía está investigando la actuación de estas residencias por si hubieran cometido algún delito.

El poder denunciar a las residencias de ancianos en época de coronavirus es la cuestión que trataremos. Han estado en el punto de mira desde prácticamente el inicio de la pandemia del Covid-19. Las muertes de residentes afectados por el coronavirus o la situación en que se encontraban los mismos hizo que el propio Ministerio de Defensa alertara de la misma.

Investigación por muertes en residencias de ancianos por coronavirus

Ello derivó en que la Fiscalía General del Estado abriese unas diligencias de investigación que dejó en manos de las distintas fiscalías territoriales para depurar las responsabilidades, tanto penales como civiles, que se puedan derivar por las actuaciones en las residencias de las distintas comunidades autónomas.

Por el momento la Fiscalía ha informado que está recabando información y documentación (protocolos de actuación, informes de servicio, certificaciones del centro y personal responsable y jerarquía en la residencia) y una vez analice toda ella podrá determinar si existen indicios de la comisión de alguno de los delitos denunciados.

El objeto de esta investigación preliminar es determinar: i) La concurrencia de indicios de criminalidad y; ii) Las personas penalmente responsables por unas u otras actuaciones y en su caso el grado de participación, al menor de forma preliminar.

Los motivos de denunciar a las residencias de ancianos por coronavirus: Riesgos penales

Los familiares de personas afectadas están dirigiendo sus denuncias contra la residencia, contra sus directores y sus empleados. Y el número de denuncias es elevado.

Los afectados denuncian para que la Fiscalía investigue si se han podido cometer uno o más delitos que pasan por el abandono de personas vulnerables, omisión del deber de socorro (desatención sanitaria), maltrato, detención ilegal y dependiendo del resultado lesiones u homicidio (imprudentes).

La queja general es que no entienden por qué se ha mantenido a sus familiares en la residencia si estamos ante una enfermedad infecto-contagiosa, convirtiendo así a los mayores en un colectivo vulnerable.

Como no han podido acceder a las residencias, se sienten desinformados y tienen miedo de que sus familiares estén abandonados a su suerte, descuidados o desatendidos en términos sanitarios.

En otros casos la autopsia ha detectado determinadas lesiones que no estaban relacionadas con el virus, lo que hizo sospechar a los familiares de síntomas de maltrato.

Además de las denuncias interpuestas por los familiares están las que han formulado los propios trabajadores que aseguran en muchos casos que no disponen de los medios necesarios para desempeñar su trabajo con seguridad.

En definitiva, los riesgos a los que se enfrentan las residencias y sus directivos se resumen en:

  • Delitos contra las personas
  • Delitos contra los derechos y deberes familiares
  • Delitos contra la libertad
  • Delitos contra los derechos de los trabajadores

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¿Qué convierte un contagio por coronavirus en delito?

En el caso del delito de desatención sanitaria (omisión) los indicios que busca la Fiscalía se centran en identificar la causa de la muerte (certificado médico) y las circunstancias que rodearon esa causa de la muerte (el antes del fallecimiento), con especial énfasis en el entorno médico asistencial previo.

Lo mismo ocurre con el delito de maltrato. La Fiscalía centra la búsqueda de indicios a través del certificado de fallecimiento y su posterior autopsia para determinar la posible concurrencia de lesiones no apreciadas en un primer momento. De aparecer esas lesiones, analizan las causas por las que se han podido producir mediante entrevistas reservadas o informes del centro.

La detención ilegal es difícil de sustentar incluso para la Fiscalía ya que la obligación de confinamiento es una imposición legislativa así que es difícil encontrar un reproche penal a los sanitarios por cumplir con una norma.

Por último, los indicios en que la Fiscalía centra su investigación sobre las lesiones o el homicidio están en determinar con precisión las causas que provocaron éstas o el fallecimiento del residente. Obviamente el primer elemento indiciario es el certificado de defunción. Además, la autopsia permitirá determinar más elementos y por último habrá que analizar las hojas de cuidados del fallecido y los protocolos que ha seguido la residencia.

La dificultad principal que está encontrando la Fiscalía es que muchos de los cuerpos de los fallecidos han sido incinerados para evitar un posible contagio. Al incinerar el cuerpo resulta imposible realizar una autopsia y el único elemento indiciario que queda es el certificado de defunción, que es claramente insuficiente.

 ¿Cómo se defiende la residencia de ancianos frente a la denuncia?

Por su parte las residencias tienen también buenos argumentos para defenderse ante la denuncia de los afectados por coronavirus.

Primer motivo:

Las residencias argumentan que han seguido los protocolos establecidos por Sanidad, elevando así la responsabilidad penal a los dirigentes del Ministerio.

Precisamente la orden de mantener aislados a los mayores en las residencias ha sido muy cuestionada por las asociaciones de geriatría y será el primer argumento a tener en cuenta para depurar responsabilidades penales.

Segundo motivo:

Las residencias no tienen estructura ni infraestructura para atender este tipo de emergencias sanitarias porque son centro de ámbito social dónde la norma limita o exime de la obligación de tener médicos o enfermeras disponibles a todas horas.

Es muy complicado aislar o mantener la distancia de seguridad en instalaciones pensadas para que todo sea compartido (salón social, comedor, habitaciones, etc.).

Tercer motivo:

Han seguido las medidas de higiene y desinfección y que pese a ello se han producido contagios porque falta material de protección (guantes, geles o mascarillas)

De hecho, muchas residencias establecieron rápidamente protocolos para trasladar a los contagiados hacia las urgencias, evitando así la propagación del contagio.

Cuarto motivo:

Atañe a sus empleados. Consiste en que les han dotado, tan pronto como han podido, de los equipos de protección individual pertinentes y han establecido protocolos y medidas de seguridad para evitar el contagio de sus trabajadores.

Conclusiones

En definitiva, la viabilidad de la acción penal dependerá, por un lado, de la capacidad de los afectados de demostrar la actuación negligente o dolosa de la residencia y sus directivos y, por otro lado, de la capacidad de la residencia de demostrar que siguió los protocolos legalmente establecidos.

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