El delito de inducción al suicidio es una transgresión legal grave que implica instigar, persuadir o incitar a otra persona a cometer el acto de quitarse la vida. En este artículo, exploraremos en profundidad qué implica este delito y cómo se aborda legalmente.
¿En qué consiste la inducción al suicidio?
La inducción al suicidio consiste en hacer surgir en otra persona la decisión de quitarse la vida, haciendo aparecer en dicha persona una voluntad que hasta entonces no tenía, aunque su ánimo estuviera predispuesto pero no decidido.
La palabra inducción se utiliza en el derecho penal como una forma de participación delictiva, es decir, provocar en el otro la decisión de cometer un delito. En este sentido, inducir a una persona quitarse la vida no es la excepción. Hay que destacar que suicidarse no es un delito, es algo que no por obvio debemos dejar de recordar.
¿Cuándo se da el delito de inducción al suicidio?
Podemos distinguir tres formas de realizarse este delito, siendo la tercera una novedad del año 2021, que ha regulado mediante ley orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia:
1. Cooperación necesaria: consiste en prestar al suicida actos necesarios con los que no se produce directamente la muerte (por ejemplo entregarle, un arma o un veneno).
2. Cooperación ejecutiva: en esta modalidad se castiga la cooperación si ésta llega hasta el punto de ejecutar la muerte de quien quiere morir. Es decir, ejecuta personalmente la muerte.
3. Promover y fomentar o incitar al suicidio de menores de edad o un personas con discapacidad necesitadas de especial protección: este es el supuesto novedoso, y se refiere a la distribución y difusión pública a través de Internet, teléfono o cualquier otra tecnología de información o comunicación para promover, fomentar o citar al suicidio de estas personas. Es importante destacar que no es necesario que se produzca en concreto el suicidio de nadie, basta con esa promoción o fomento o incitación al suicidio.
Una cuestión en la que no vamos a entrar, porque excede con mucho de los márgenes de este artículo, es qué sucede cuando hay una omisión y no se ayuda a una persona que está en huelga de hambre, que voluntariamente deja de comer hasta el punto incluso de llegar a morir. Dejamos esto apuntado porque siempre pensamos en el caso en el que se le administra por ejemplo una medicación o un veneno a una persona que está impedida y que quiere acabar con su vida. Pero, en ocasiones, puede castigarse el no hacer nada, como en el caso que exponíamos de la huelga de hambre, en el que la intención hace que no se impida la muerte.
¿Cómo se demuestra que existe el delito?
La prueba de la comisión de un delito no es tarea sencilla en general, pero quizá este delito tenga algunas dificultades añadidas, porque lo más habitual es que se produzca en un ámbito privado. Quiero decir que la persona que quiere suicidarse y solicite ayuda, evidentemente lo hará a alguien de su confianza, que será alguien muy próximo por parentesco o amistad.
Dicho esto, las pruebas que podrán acreditar la existencia de este delito generalmente podrá aportarlas el médico forense, ya que mediante la autopsia podrá averiguar las causas de la muerte, y podrá analizarse la existencia de tóxicos en el cuerpo del fallecido, o si la muerte se produjo, por ejemplo, por asfixia mecánica o cualquier otro medio.
También podrá acreditarse mediante testificales, de testigos que hayan podido presenciar hechos o conversaciones al respecto, o también comunicaciones entre el fallecido y el investigado, como por ejemplo conversaciones de WhatsApp u otros sistemas de mensajería.
En el caso de la modalidad de difusión pública a través de internet, es evidente que la prueba será fundamentalmente pericial informática para acreditar la existencia de esas comunicaciones y verificar la difusión y el alcance de esa incitación o fomento del suicidio de menores o discapacitados. No olvidemos que esta difusión tiene que ser pública, con lo que el análisis de las redes sociales será fundamental para la acreditación de este delito.
Las dificultades probatorias quizá en estos casos sean mayores que en otros delitos contra la vida.
Inducción al suicidio: Características y penas
Las penas de las modalidades de inducción al suicidio que hemos visto son:
1. Cooperación necesaria: se castiga con la pena de prisión de dos a cinco años al que ayude con actos necesarios al suicidio de una persona (por ejemplo, y como decíamos antes, entregarle un arma o un veneno).
2. Cooperación ejecutiva: se podrá imponer una pena de prisión de seis a 10 años si la cooperación llega hasta el punto de ejecutar la muerte.
3. Promover y fomentar o incitar al suicidio de menores de edad o un personas con discapacidad necesitadas de especial protección: la pena en este caso es de prisión de uno a cuatro años.
Eutanasia: Características
La eutanasia se refiere al acto de poner fin intencionalmente a la vida de una persona para aliviar su sufrimiento, generalmente debido a una enfermedad terminal o una condición médica grave e irreversible.
Modalidades de la eutanasia: La eutanasia puede clasificarse en diferentes modalidades, siendo dos de las más comunes:
Eutanasia activa: Se refiere a la administración de sustancias por parte de un tercero con el objetivo de poner fin a la vida del paciente.
Eutanasia pasiva: Consiste en la omisión o retirada de tratamientos médicos que mantienen la vida, permitiendo que el paciente fallezca de forma natural.
Requisitos y condiciones:
a) Tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a doce meses, tener mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud.
b) Disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común de servicios y a las prestaciones que tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia.
c) Haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos quince días naturales entre ambas.
Si el médico responsable considera que la pérdida de la capacidad de la persona solicitante para otorgar el consentimiento informado es inminente, podrá aceptar cualquier periodo menor que considere apropiado en función de las circunstancias clínicas concurrentes, de las que deberá dejar constancia en la historia clínica.
d) Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en esta Ley, certificada por el médico responsable.
e) Prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir. Dicho consentimiento se incorporará a la historia clínica del paciente.
¿Por qué necesitas un abogado especialista?
Conocimiento especializado en derecho penal: Un abogado especializado en derecho penal posee un profundo conocimiento de las leyes y los procedimientos relacionados con delitos, incluido el de inducción al suicidio. Este conocimiento especializado es esencial para formular una estrategia de defensa efectiva.
Protección de derechos fundamentales: Un abogado defensor asegurará que se respeten todos los derechos fundamentales del acusado, como el derecho a un juicio justo, el derecho a la presunción de inocencia, y el derecho de defensa.
Valoración de pruebas y testimonios: Un abogado competente revisará todas las pruebas presentadas por la fiscalía (y la acusación) y evaluará la validez legal de dichas pruebas. También puede cuestionar la credibilidad de los testimonios presentados por testigos y peritos, buscando posibles inconsistencias o sesgos.
Desarrollo de una estrategia de defensa: Basándose en el análisis de pruebas y testimonios, un abogado especialista elaborará una estrategia defensiva sólida para contrarrestar las acusaciones. Esto podría incluir la presentación de pruebas en favor del acusado, la identificación de defectos en la argumentación de la fiscalía y la preparación de argumentos legales sólidos, así como nulidades procesales.
Negociación de acuerdos o penas reducidas: En algunos casos, es posible que un abogado pueda negociar acuerdos o penas reducidas con la fiscalía. Esto podría ser particularmente importante en situaciones donde las pruebas en contra del acusado son abrumadoras. Un abogado puede buscar opciones que minimicen las consecuencias legales para el acusado.
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