¿Puedo pedir alta voluntaria con COVID-19?

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Tras la declaración del estado de alarma en nuestro país son muchas las dudas de los ciudadanos, no únicamente en el ámbito laboral, civil o administrativo, sino también en el orden jurisdiccional penal. La actual crisis sanitaria genera situaciones en las que toda persona quiere y merece obtener una clara respuesta. Saber si me pueden negar el alta voluntaria si estoy infectado de COVID-19, conocer qué me puede ocurrir si incumplo las advertencias de los agentes, saber si es válida la grabación de un “policía de balcón” sobre una presunta actuación delictiva producida en la calle, saber si deberé acudir presencialmente a mi juicio penal o conocer cómo será el cómputo de la instrucción de mi caso son algunas de las muchas cuestiones que se han llegado a suscitar en las últimas semanas.

¿Pueden no darme el alta voluntaria si he dado positivo en COVID-19?

Dentro de los principales derechos que se reconocen a todo paciente y usuario del sistema sanitario, uno de los más esenciales es el derecho al consentimiento. El derecho del paciente al consentimiento sanitario es una consecuencia obligada del reconocimiento de su derecho a la autonomía.

Este derecho del paciente le otorga la potestad de negarse al tratamiento, así como reitera la necesidad del consentimiento previamente a la realización de cualquier actuación sanitaria. Es decir, que previa información sanitaria, el paciente puede manifestar si quiere o no someterse a un determinado tratamiento o actuación médica. 

La actual respuesta sanitaria ante la pandemia del COVID-19 ya ha generado diferentes situaciones en las que ha entrado en profunda colisión el derecho al consentimiento del paciente con la salvaguarda de la salud pública. Ejemplificando lo anterior, nos encontramos ante situaciones en las que un paciente quiere hacer uso de su derecho al consentimiento y quiere solicitar el cese del tratamiento y su alta voluntaria pero la administración sanitaria realiza actuaciones coactivas para asegurar su tratamiento y hospitalización por motivos de salud pública.

En estos casos la Ley lo que hace es tratar de salvaguardar el estado de salud de la población en general y evitar la propagación de epidemias. Por tanto, en el caso de que una persona infectada por COVID-19 quiera solicitar voluntariamente su alta en el hospital, la Ley autoriza a la administración sanitaria a que realice las actuaciones necesarias para evitar que el paciente finalice anticipadamente su hospitalización. La existencia de una pandemia y la necesidad de proteger a la población en general, permiten la aplicación de medidas extraordinarias aunque vayan en detrimento de la libertad individual del sujeto afectado

¿Debo asistir presencialmente al Juzgado si tengo un juicio penal durante el estado de alarma?

Una de las muchas cuestiones que se plantean todas aquellas personas que están pendientes del señalamiento de un juicio como acusadas es si deberán comparecer presencialmente a la celebración del mismo. 

Tras decretarse el estado de alarma se suspendieron todos los términos y plazos procesales y únicamente se mantuvieron aquellas actuaciones con detenido o aquellas inaplazables como la adopción de medidas cautelares urgentes. Sin embargo, el pasado 29 de abril, el Gobierno ha adoptado nuevas medidas durante todo el tiempo que perdure esta grave crisis sanitaria.

De esta manera se pretende garantizar el derecho a la salud tanto de los ciudadanos como del personal al servicio de la Administración de Justicia como de los profesionales que intervienen en la misma, intentando evitar las indeseables situaciones de contagio.

Por ello, se han incluido medidas que garantizan el respeto a la distancia de seguridad entre personas en el desarrollo de vistas, cobrando una vital importancia la incorporación efectiva de las nuevas tecnologías en las actuaciones con la Administración de Justicia con el fin de evitar las habituales aglomeraciones en las sedes judiciales.

Con el objetivo de evitar situaciones de contagio en las sedes judiciales, el artículo 19 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, establece que durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, los actos de juicio, declaraciones y, en general, todos los actos procesales se realizarán preferentemente por vía telemática siempre que el Juzgado o Fiscalía en cuestión disponga de los medios técnicos necesarios. 

Lo anterior supone que, salvo ausencia de medios necesarios, las actuaciones judiciales se llevarán a cabo por vía telemática. Sin embargo, se ha establecido una excepción a lo anteriormente indicado, y es que en el orden jurisdiccional penal sí que será necesaria la presencia física del acusado en los juicios por delito grave.

Esto significa que será necesaria la presencia física del acusado en el juicio si hay en juego, principalmente, penas de prisión superiores a cinco años. También, si la pena que se solicita es: prisión permanente revisable, inhabilitación absoluta, privación de la patria potestad, inhabilitaciones especiales de más de cinco años, suspensión de empleo o cargo público de más de cinco años, prohibiciones de aproximación, comunicación o residencia de más de cinco años, o privaciones de tenencia y porte de armas o del derecho a conducir vehículos por tiempo superior a ocho años.

En definitiva, se trata de evitar que en pleno escenario de superación de la crisis sanitaria se produzcan concentraciones de personas que puedan generar rebrotes de la pandemia. Por tanto, se exige únicamente la presencia física del acusado en aquellos juicios penales que tengan la consideración de graves, ya que es donde están en juego durante más tiempo los derechos fundamentales del justiciable.

¿Qué pasa si incumplo varias advertencias de la policía por saltarme el confinamiento?

Tras varias semanas de confinamiento, todos los días podemos apreciar noticias o imágenes de ciudadanos que se saltan las limitaciones a la libertad de circulación de las personas. Hay que tener en cuenta que transitar por la calle durante el estado de alarma sin causa justificada es motivo de infracción administrativa. No obstante, si además de saltarnos las limitaciones se desobedecen las órdenes de los agentes de la autoridad se puede incurrir en delito.

Hay que tener claro que no todo incumplimiento de las restricciones impuestas por el estado de alarma da lugar a la comisión de delito de desobediencia grave a la autoridad

Para que la conducta pueda ser constitutiva de delito de desobediencia grave a la autoridad será necesario que los agentes hayan efectuado una orden personal y clara al sujeto y que consecuentemente el sujeto decida no acatarla. Para poder apreciar la diferencia entre una conducta susceptible de  infracción administrativa y una conducta susceptible de delito de desobediencia grave a la autoridad es necesario poner un par de ejemplos. 

Será una conducta susceptible de infracción administrativa aquella consistente en haber sido sorprendido por los agentes de la autoridad mientras, por ejemplo, se pasea libremente fuera de los casos previstos o bien se salta cualquier otra restricción impuesta. En cambio, será constitutiva de delito de desobediencia grave a los agentes de la autoridad la conducta de un individuo que se salte las restricciones incumpliendo las órdenes que le ha efectuado un agente de forma clara y personal.

¿Son válidas las grabaciones de los “policías de balcón” para demostrar la comisión de un delito?

En tiempos de confinamiento las ventanas y balcones se han convertido en una escapatoria para poder reencontrarse con el mundo y visualizar la nueva actividad en la calle o bien para recordar cómo era el día a día del entorno más cercano a nuestro domicilio.

El hecho de pasar muchas más horas en los balcones ha generado la proliferación de las grabaciones de particulares desde sus casas. Esto ha supuesto que se llegue a filmar o a fotografiar incluso presuntos hechos delictivos. Son los coloquialmente denominados “policías de balcón”. En algunos de estos casos, las grabaciones han servido para apreciar la conducta de algunas personas que se saltaban el confinamiento y/o que se resistían a acatar las órdenes de los agentes de la autoridad. Pero muchas personas se plantean la siguiente cuestión: ¿Es válida la grabación de un particular para demostrar la comisión de un delito?

En principio, las fotografías y vídeos que se hayan obtenido en el ámbito público sin entrometerse en la intimidad personal y familiar tienen un claro valor probatorio en juicio. La grabación de escenas presuntamente delictivas que suceden en espacios públicos no vulnera derechos fundamentales si no se invaden espacios reservados para la intimidad de las personas. Para que produzcan una plena eficacia probatoria se requiere que esas fotografías o vídeos sean visualizados en el acto de juicio, para que así se garanticen los elementales principios de contradicción, igualdad, inmediación y contradicción.

No obstante, pese a que dichas grabaciones puedan considerarse válidas, es necesario que se activen los controles necesarios para verificar la ausencia de cualquier tipo de trucaje o alteración del material en aras de garantizar su total autenticidad. Además, en juicio será siempre muy necesaria contar con la declaración testifical de la persona que filmó la grabación, a diferencia de lo que ocurre cuando la grabación no es filmada por una persona sino que se trata de la grabación de la cámara de seguridad de un establecimiento y que graban de modo automático.

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¿Qué ocurrirá con mi procedimiento penal cuando se termine el estado de alarma?

La reforma de la ley procesal penal en el año 2015 supuso que tras la incoación de un procedimiento penal las diligencias de instrucción se deban practicar durante el plazo máximo de seis meses. También se incorporó que si la causa es declarada compleja el plazo de instrucción será de 18 meses, igualmente con posibilidad de prórroga. 

En funcionamiento de este artículo se ha visto afectado con la declaración del estado de alarma en nuestro país. Concretamente, en el Real Decreto que declara el estado de alarma, ha supuesto la paralización de los plazos y términos previstos en las leyes procesales. De este modo todas las actuaciones procesales han quedado suspendidas con la excepción de las actuaciones con detenidos, habeas corpus, órdenes de protección y actuaciones urgentes de vigilancia penitenciaria o medidas cautelares en materia de violencia sobre la mujer o menores.

El citado Real Decreto que declara el estado de alarma señaló que “el cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o en su caso, las prórrogas del mismo”. Es decir, en cuanto se termine el estado de alarma los plazos procesales proseguirán su cauce desde donde se quedaron.

Sin embargo, el anterior modo de volver a computar los plazos ha cambiado tras publicarse el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril y se ha decidido un distinto criterio, que ha sido confirmado mediante Informe de Fiscalía, donde se señala que una vez se alce el estado de alarma, se reiniciará el cómputo de los plazos sin tener en cuenta el que ya haya transcurrido previamente a la declaración del estado de alarma.

Esta nueva directriz supone, en líneas generales, que las causas penales tendrán un nuevo plazo de instrucción de seis meses desde el día después que se alce el estado de alarma. Asimismo, las causas que hubieren sido declaradas complejas antes del estado de alarma tendrán un nuevo plazo de 18 meses a contar desde el día después del fin del estado de alarma.

Una medida que se lleva a cabo bajo el pretexto de evitar que el COVID-19 genere impunidad y que, sin duda, va a suponer que las defensas deban estar alertas al nuevo plazo de instrucción para que se cumpla escrupulosamente el nuevo periodo donde se deberán acordar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos que se investiguen.

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