El abuso de poder en los funcionarios públicos es una problemática que afecta la confianza y el buen funcionamiento de las instituciones. Cuando aquellos encargados de velar por el interés público utilizan su posición para beneficio personal o para perjudicar a otros, se genera un grave daño a la sociedad en su conjunto. En este artículo, analizaremos en profundidad el abuso de poder en los funcionarios públicos y sus consecuencias.
¿Qué se entiende por abuso de poder en funcionarios públicos?
Debemos entender por abuso de poder toda aquella conducta llevada a cabo por un funcionario público que, sin contravenir directamente la ley, suponga un retorcimiento de esta. Existe una fina línea entre una conducta ilegal (nula de pleno Derecho) y otra que, sin serlo, accede a un terreno en el que los derechos del ciudadano, que recoge la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ven seriamente amenazados. Más adelante, analizaremos algunas situaciones que pueden definirse como tal.
Pero además, el abuso de poder se encuentra tipificado como delito por el Código Penal, concretamente en su artículo 175 y su comisión conlleva, como es obvio, penas privativas de libertad. Se entienden como tal aquellas conductas cometida por autoridad o funcionario público que, con abuso de poder, suponga un ataque contra la integridad moral de una persona y que no sea constitutiva de delito de tortura.
Conductas típicas de abuso de poder en funcionarios públicos
El abuso de poder, analizado en su contexto penal, lo conforman conductas tales como actos de contenido vejatorio, actos que conlleven un padecimiento físico o psíquico para la víctima o comportamientos que sean degradantes o humillantes y atenten contra el concepto de dignidad del ciudadano. Si el funcionario público cometiera alguna de estas conductas, incurriría en el delito que el Código Penal prevé en su artículo 174.
Desde un plano administrativo, el abuso de poder es considerado una falta muy grave por el artículo 95.2 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Concretamente, su apartado 2 b) sanciona «Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad sexual, características sexuales, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, expresión de género, características sexuales, y el acoso moral y sexual»
¿Qué requisitos son necesarios para declarar una conducta como abuso de poder en funcionarios?
Para que la conducta de un funcionario sea declarada como abuso de poder, deben concurrir tres circunstancias.
En primer lugar, el funcionario debe incurrir en alguno de los comportamientos que hemos definido en párrafos anteriores, y que podríamos resumir como aquellas actuaciones que atenten contra la integridad moral del ciudadano. (Recordemos que también pueden ser víctimas de este delito otros funcionarios públicos).
En segundo lugar, es necesario que la conducta haya causado un perjuicio en la víctima. Este podrá ser físico, psicológico o moral, pero es necesario que se materialice.
En tercer lugar, la conducta del funcionario público debe ser intencionada, o, como se dice en el argot penal, dolosa. Se precisa que este sepa y asuma que está incurriendo en un delito de abuso de poder.
¿Cómo defenderse de un delito de abuso de poder en funcionarios?
En casos como los descritos, es importante que la víctima presente una denuncia ante la instancia judicial competente. Esta iniciará una investigación objetiva que finalizará, si concurren los elementos del delito que hemos descrito, con la celebración de un juicio y la posible condena del funcionario. También, la víctima puede denunciar el comportamiento del empleado ante el órgano administrativo del que depende. Si los servicios de Inspección con que cuentan la mayoría de administraciones consideran que este ha podido cometer un delito, darán traslado de los hechos al Ministerio Fiscal y al juzgado competente.
Dado que nos enfrentamos a la conducta más grave que puede cometer un funcionario, es importante no dejarla impune, y el único cauce para ello es la correspondiente denuncia.
Ejemplos de casos de abusos de poder en funcionarios
Cualquier decisión administrativa que atente contra la integridad moral de un ciudadana debe considerarse un abuso de poder. Y aunque este puede darse en cualquier administración pública, es en aquellos organismos en los que se ejerce un cierto control policial donde se dan con más frecuencia. Sin caer en simplismos ni generalizaciones injustas, en nuestro despacho hemos defendido a ciudadanos cuya integridad moral ha sido cercenada en comisarías, centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros y puestos fronterizos. Así mismo, hemos denunciado los abusos cometidos en numerosas representaciones diplomáticas de España, y también las situaciones discriminatorias, que también pueden definirse como abusos de poder, en otros organismos administrativos cuyas víctimas han sido otros funcionarios vinculados a su agresor por lazos de jerarquía.
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