Administración Pública

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La Administración Pública permite que el Gobierno dicte normas  para conseguir proteger los intereses públicos por encima de los individuales.

Organización de la Administración Pública:

Se organiza en administración estatal, administración autonómica, provincial y local. Esto permite delegar funciones. Por ejemplo, cada ayuntamiento regule a nivel local de forma adecuada a su realidad. Ni todos los ayuntamientos tienen el mismo tamaño o habitantes, ni tampoco las mismas necesidades. Eso sí, no pueden regular libremente sino únicamente en aquello en lo que es competente. Esto aplica a provincias y comunidades autónomas por el modelo de Estado descentralizado que tiene España.

Ejemplos de gestiones de Administración Pública.

Dentro de esta regulación están las licencias, las expropiaciones, etc. Se regula cómo los individuos conviven en la sociedad de manera que sus intereses no solapen los intereses de otros ciudadanos.

La rama de derecho que regula la Administración Pública se llama derecho administrativo y tiene muchas especialidades derivadas. Existen unos juzgados especializados, llamados “Contencioso-administrativos”, porque se ocupan de la parte judicial de los conflictos que tienen los ciudadanos con la administración.

Hay que tener en cuenta que la Administración funciona gracias al trabajo de personas pero, en ocasiones, las personas cometen errores. Para subsanar y rectificar estos errores se pueden recurrir las decisiones administrativas en una primera vía, la “Administrativa” antes de poder pasar a la segunda vía, la “Contenciosa o Judicial”. Esto no sucede en derecho civil o derecho penal, ramas en las que acudir al amparo de un juez puede ser la única opción desde el principio, en función de lo que decida el ciudadano. 

La dificultad de los procedimientos contra la administración es que está todo regulado, así que la única opción que queda la mayoría de las veces es buscar algún defecto formal en la tramitación de una gestión que pueda invalidarlo. Por ejemplo, las multas por exceso de velocidad, aunque muchas empresas se ofrecen a recurrirlas, tienen una posibilidad de éxito muy escasa.